En particular, preocupa “la ausencia de definiciones claras respecto al futuro del centro de convenciones”, que actualmente “sostiene de forma directa e indirecta a cientos de familias”. “La eventual reducción o cierre del centro implica un impacto social y económico de gran magnitud para el departamento”, advirtió el sindicato.
Si esto ocurre, “se verían afectadas directamente entre 50 y 60 personas”, además de empresas tercerizadas vinculadas al área, dijo Terzaghi, al tiempo que remarcó que “no se conoce el tamaño de la reforma ni cuánta mano de obra se incorporará a esta área”.
El sindicato también cuestiona una posible reducción del casino. Reconoce que “el sector del juego ha experimentado transformaciones”, pero afirma que “el casino presencial continúa registrando crecimiento, aunque a un ritmo más moderado”.
En la misma línea, advirtió que una posible reducción del spa y la unificación de habitaciones “llevaría a una baja en el área de mucamas” y que los restaurantes “estarían a cargo de firmas internacionales”, por lo que dudan que “incorporen a trabajadores cesados del hotel”.
Contactos a nivel político
El temor de los trabajadores y trabajadoras no es infundado. El sindicato recordó el antecedente de 2014, cuando el ex Conrad pasó a manos de la firma chilena Enjoy SA: durante los primeros meses de gestión “se intentaron implementar procesos de reestructura con despidos masivos, en conflicto con acuerdos laborales vigentes y con la normativa establecida por el MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social]”.
Por eso creen que hoy la estabilidad laboral “se encuentra nuevamente amenazada”, y exigen que cualquier transformación “contemple el respeto a las fuentes laborales existentes” y que se preserve “toda la red de empleo directa e indirecta que hoy depende de esta actividad”.
En defensa de sus derechos y fuentes de trabajo que sustentan a cientos de familias y al “equilibrio económico y social de todo un departamento”, promoverán una serie de encuentros con legisladores. También prevén concurrir a la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental de Maldonado y dialogar con el intendente Miguel Abella.
A nivel del gobierno nacional, se pretende tener instancias con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Turismo, y con la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes.
