Durante el debate en el plenario, el Frente Amplio reclamó la injerencia de la Junta Departamental en la confección de los pliegos de condiciones, como una vía para que no sólo tengan en cuenta los servicios al público (como baños y ducheros externos, accesibilidad, servicios de internet y vigilancia), sino también para garantizar las buenas condiciones de trabajo en los paradores.

No obstante, primó la postura del Partido Nacional en cuanto a que el legislativo no puede intervenir en la confección de los pliegos, entendida como una prerrogativa del intendente, pero sí controlar el cumplimiento de los compromisos que exija la IDM a los adjudicatarios a través de sus comisiones o mediante denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Según manifestó la administración en su solicitud de anuencia, un aspecto a considerar por los oferentes es que “se ponderará especialmente” a quienes contraten al menos a tres egresados de la escuela Pedro Figari de la UTU de Punta del Este. Además, “serán especialmente valoradas” las ofertas que contemplen “un espacio de vestuario/comedor para uso de su personal”, indica la resolución.

Por otra parte, el contrato de cada concesión tendrá una cláusula por la cual, si se constata una “diferencia en menos” entre las obras e inversiones realizadas y lo ofrecido, el adjudicatario deberá abonar esa diferencia en efectivo a la IDM. Asimismo, la intendencia deberá reglamentar “los sistemas de evaluación, calificación y demás aspectos de aplicación”.