La pretensión del intendente local Cristian Vincenti, que se impuso en las elecciones de 2023 con la lista de Unidos Para Cambiar Santa Fe, fue rechazada de inmediato por las cuatro entidades rurales de la provincia, que ven el caso como un peligroso antecedente para que otras comunas tomen el mismo camino como método de recaudar dinero de donde sea para evitar el ajuste y campear la crisis.

“Las entidades del agro santafesino queremos hacer público nuestro repudio a la Ordenanza 18/2023 Artículo 5 Tasa para empresas transportadoras de cargas de otras jurisdicciones, impulsada por el presidente comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti”, dice un comunicado firmado por Coninagro, Carsfe, la Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria.

Este es el texto completo del artículo cuestionado de esa ordenanza:

“Nos preocupa que una Comuna pueda tomar decisiones que sobrepasen los límites constitucionales, interfiriendo con la libertad de contratación, la libre circulación y la creación de nuevos tributos, sin tener en cuenta las leyes vigentes, la situación actual y el marco de emergencia aún en vigor en la Provincia”, razonaron los dirigentes rurales.

El argumento es que la Comuna carece de facultades para imponer impuestos de manera arbitraria, conforme lo dispone ley 2.756 “Orgánica de Municipalidades y Comunas”, y la Ley 8.173 “Código Tributario Municipal”, ambas de la provincia de Santa Fe, donde se define que las municipalidades solo pueden imponer derechos, contribuciones y tasas “como prestaciones pecuniarias que deben abonarse al municipio como retribución por los servicios públicos prestados”.

Por eso, para el sector productivo, en este caso la denominada “tasa” aplicada en Sancti Spiritu constituye en realidad “un impuesto distorsivo que afecta negativamente a los contribuyentes, pues “la medida dista considerablemente de constituir un servicio público”.