Un vínculo de confianza de más de 25 años, la proposición de un negocio vinculado a la gastronomía y la licitación de un emblemático bar de la zona de La Florida son los componentes de este caso que terminó en una demanda civil y una denuncia penal por estafa.

Los denunciantes son un escribano y su esposa, quienes accedieron a la propuesta que le hizo una pareja amiga, con la que llevaban más de 25 años de vínculo y confianza. El ofrecimiento consistió, según el relato que asentaron en sede judicial, en constituir una sociedad para explotar un emprendimiento gastronómico —restaurant, bar, heladería— que fue licitado por el Estado municipal en la costa norte.

La propuesta de asociarse para este negocio llegó a mediados del 2019 y los futuros socios pusieron dinero y manos a la obra, según el relato de la demanda. Como la licitación estaba próxima a realizarse y como el hombre que trajo la idea había tenido experiencia con el rubro heladería -y aún no habían conformado la sociedad en las formalidades- la presentaron a nombre de esta persona.

La adjudicación llegó a nombre de esta última persona en enero del 2020 y desde entonces los cuatro aportaron dinero a la sociedad para llevar adelante las reformas necesarias, así como la compra de equipamiento incluido el mobiliario y todo lo que fue necesario para poner a punto el negocio. Para ello, el escribano tomó un crédito personal de un millón de pesos

En agosto de ese año lograron abrir la heladería y en octubre el bar, pero al mes siguiente el socio a nombre de quien figuraba la adjudicación, les negó el ingreso al local y los desconoció como socios, a la vez que se quedó con todos los aportes que hizo el matrimonio al proyecto, relataron.

Esta situación derivó en acciones judiciales tanto en el fuero civil y comercial, donde el matrimonio presentó una demanda en materia societaria para regularizar la sociedad de hecho que habían formado con los demandados, que en su momento no inscribieron a raíz de la confianza que los unía, argumentaron.

Allí el demandado dijo que la mujer del escribano era la encargada del local y no una socia, aunque esta versión no tuvo consistencia ante la Cámara Civil y Comercial, que en noviembre de 2023 le dio la razón a la actora y ordenó la regularización de la sociedad cincuenta y cincuenta por ciento.

En tanto, en el fuero penal la denuncia fue por estafa. Tanto quien figura como titular de la concesión como su esposa fueron imputados por este delito y, tras pedir el MPA la inhibición general de bienes de los denunciados, en noviembre pasado la Cámara Penal hizo lugar al pedido. Y este mes elevaron una nota al municipio donde contaron que, a raíz de la información que pudieron recabar, no se está cumpliendo con las obligaciones emergentes de la concesión del Estado local. El caso sigue en trámite, y tiene final abierto.

Cuatro nuevos amparos contra la reforma y emergencia previsional se conocieron durante la jornada de ayer en los tribunales rosarinos. Se trata de dos resoluciones del juez laboral Gustavo Burgio, y otras dos de su par Silvana Quagliatti que hicieron lugar al planteo de diferentes amparistas, entre ellos, jubilados docentes, estalales y judiciales, se indicó, en relación al descuento del "aporte solidario".

Los fallos se suman a otros del fuero local que fueron criticados semanas atrás por el secretario de Seguridad Social de la provincia -en otro capítulo en las tensiones entre el gobierno provincial y la Justicia santafesina-, por lo que la semana pasada el Colegio de Magistrados pidió que cesen las agresiones.

Las primeras dos resoluciones que se conocieron ayer corresponden a la jueza Quagliatti, quien ya se expidió en casos similares como el que hizo lugar al amparo presentado por 18 jueces jubilados –y cónyuges de magistrados fallecidos– contra la reforma en la normativa previsional, con efectos -aplicable a los amparistas- como la suspensión del aporte solidario y del tope de haberes impuesto en la nueva ley. En ese sentido, fue criticadas por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; quien recibió respuesta por parte del Colegio de Magistrados: "Nunca el camino son las agresiones y coacciones que ataquen la independencia judicial. Si un fallo no resulta del agrado de autoridades puede ser apelado", dijeron en su momento.

El tercer y cuarto fallo que se conocieron ayer corresponden al juzgado de Burgio, uno de los cuales fue patrocinado por los abogados Maximiliano Toricelli y Luis Ayuso; mientras que el cuarto -que condenó a la provincia y a la Caja de Jubilaciones que restituyan a una jubilada judicial el "aporte solidario" y no se lo descuenten-, fue representado por los abogados Gustavo Ferullo y Melina Marino.

Doble contribución

Toricelli indicó, respecto a las presentaciones que tienen su patrocinio, que son los fallos que hicieron lugar al planteo de jubilados "judiciales, docentes, empleados públicos". En ese sentido, expresó: "Tiene que ver con el tema del aporte de emergencia, por el descuento que se les hace, que varía entre el 2 y el 6% según el monto de lo que perciben. Al jubilado se le hace contribuir a la caja con la que contribuyó", sostuvo. Además, indicó que hay otras causas similares en trámite.

Además, el letrado señaló que "hay criterios favorables a los amparos presentados en Rosario, sean jubilados, docentes, empleados del API, de comunas..., que después mediáticamente se quiera disimular, decir que son privilegiados, cuando aportaron 35, 40 años algunos, cuando no tienen ningún régimen especial, es otra cosa".

Las resoluciones de ayer se suman a otras que hubo en las últimas semanas. Una de las que generó críticas de Boasso fue la resuelta por la jueza Patricia Otegui, que hizo lugar a una acción de amparo contra la reforma previsional, presentada por la excamarista Elena Ramón. Luego se sumaron casos del juez Fabián Vega, que aceptó un amparo  presentado por seis jubilados de la Administración Provincial de Impuestos (API); y otro de la Cámara de Apelaciones que hizo lugar en el caso de Claudio Genera, un pensionado viudo de una jueza, luego de un rechazo en primera instancia.