La agónica discusión en el Senado de la ley Bases y el paquete fiscal reconfiguró el mapa de los gobernadores, que se convirtieron en articuladores claves para la aprobación. Con poca convicción y mucho más de conveniencia, la mayoría de los mandatarios jugó para sus propios intereses, constituidos en un polo de poder aliado a la Casa Rosada que obligará al Gobierno a la negociación permanente.

Una de las fotos que deja la ajustada aprobación en el Senado es la consolidación del radicalismo que gobierna. Son cinco representantes que lograron mantener la cohesión del bloque de la UCR a pesar de la solitaria jugada del presidente del partido, Martín Lousteau, de votar en contra y facilitar el quórum. Se trata de Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdes (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), este último con asteriscos. Todos actuaron con poder de veto frente a los senadores, que les respondieron sin pestañear. 

Los únicos atisbos de rebeldías radicales los jugaron los sin techo: Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). El fueguino facilitó la aprobación de las facultades delegadas que tanto había cuestionado en los días previos. Si votaba en contra, como hicieron los otros dos senadores radicales, el artículo se caía. Tuvo que desempatar Victoria Villarruel. El intento de desmarque terminó siendo anecdótico. 

Ese muro de poder de los gobernadores de la UCR será clave de cara al futuro. A nadie se le escapa que los votos están para que, como ocurrió en la cámara de Diputados, se apruebe también en el Senado una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la recomposición de los haberes por la pérdida de los primeros meses del año. Fue un proyecto del bloque radical.

El único de los gobernadores que está en situación más complicada es Pullaro. Necesita recursos y es amigo personal de Lousteau. Le debe mucho en su ascenso a la gobernación. El santafesino quedó en medio de la polémica cuando trascendió que no había firmado el comunicado de Juntos por el Cambio en el que sus colegas reclamaban la aprobación de la ley. Tiene un problema adicional. No maneja a los senadores de su propia provincia. Poco para negociar en un contexto económico complicado. Le queda coquetear con los opositores, como hizo con Axel Kicillof. Parece poco.

Los radicales y los provinciales le impusieron cambios sustanciales al Gobierno. Muchos del Pro mastican bronca por la nula negociación partidaria. Aprobaron todo como si fueran gobierno. 

La UCR se llevó a último momento la quita de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos de la lista de empresas a privatizar. 

Los partidos provinciales tuvieron también un rol clave. Martín Llaryora se movió para sacar concesiones en tándem con los radicales. El martes, en la cena de Conciencia en la Bolsa de Comercio, que congregó a buena parte de la dirigencia nacional, se mostraba muy activo para conseguir que se mantuviera la moratoria previsional. El Gobierno lo hizo y se garantizó así el voto de la senadora Alejandra Vigo. Lo mismo hizo Alberto Weretilneck, que aportó el apoyo de Mónica Silva, aunque se desmarcó en Ganancias y Bienes Personales. Era cantado. Lo mismo hicieron en el debate en Diputados.  

En otro escenario quedó Rolando Rolo Figueroa, de Neuquén, después del escandaloso avance del nombramiento en la Unesco de la senadora Lucila Crexell. Cuentan quienes estuvieron al tanto de la negociación que se trata de un acuerdo de Rodrigo de Loredo. El lugar de Crexell, de irse, lo ocupará el actual diputado radical Pablo Servi. Hay sospechas de que el gobernador, en plena negociación con el Gobierno, filtró el dato después de que la senadora firmara el dictamen del oficialismo antes de tiempo. En el voto de Crexell  se interesaron también gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) que se movieron desde el Pro para garantizar la sanción. También Rogelio Frigerio (Entre Ríos). 

Con menos poder de fuego en el Senado (sólo tienen seis representantes), a los gobernadores del Pro se les abrió una grieta por Ganancias. Torres mandó a votar en contra. Frigerio a favor. Será a todo o nada en el regreso del proyecto a Diputados. 

Los últimos cambios anunciados por el Gobierno en la mañana definitoria se consiguieron gracias al portazo que dieron los senadores por Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, que en un giro dramático después de haber firmado el dictamen del oficialismo, decidieron no dar quórum y votar en contra en general. A sabiendas del nerviosismo de la Casa Rosada, hubo contactos de ellos con los radicales para avisarles que aprovecharan la movida para negociar algo más. La desesperación del Gobierno era palpable esa noche. 

El sinuoso accionar de los santacruceños terminó por transparentar la relación del gobernador Claudio Vidal con la Casa Rosada: necesidad y conveniencia. No dieron quórum, votaron en contra en general y se retiraron, para facilitar que no cayeran, por ejemplo, las facultades delegadas. Igual, el voto del radical Blanco, a favor, rebalanceó el riesgo. 

Vidal les había pedido a los dos senadores que al menos se abstuvieran. Coordina, pero no los maneja. Vienen de polos opuestos. El mandatario, de origen sindical, fue aliado del kirchnerismo en 2015 Alicia Kirchner fue gobernadora. Carambia siempre estuvo en la vereda de enfrente. Se juntó con Vidal en las últimas elecciones y juntos derrotaron al kirchnerismo. Comparten ideas, pero desde orígenes distintos. Ahora, Vidal pone demasiado en juego en la relación con Javier Milei: desde las represas con fondos chinos paralizadas, hasta la caída del acuerdo por el traspaso de los pozos maduros de YPF a la provincia. Bastante claro el doble juego. Espera que le cumplan. Carambia se encargó de negociar directamente con Santiago Caputo, a quien conoce de cuando hacía campaña junto a Eduardo Costa y el asesor presidencial los asesoraba. 

Mientras tanto, el debate de estos seis meses parió a la liga del “peronismo amigo”. Son los representantes de Osvaldo Jaldo (Tucumán), el primero en acercarse a Milei, Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), que volvieron a jugar con el Gobierno en el Régimen Especial para Grandes Inversiones (RIGI) y votaron a favor del regreso de Ganancias con los senadores que les responden. Tienen menos poder de fuego, pero el que tienen, lo usan. Deberían preguntarse en el Instituto Patria por qué se le fugan legisladores en el articulado que más cuestionaron Cristina y Máximo Kirchner. También con la vuelta de Ganancias. Podrían ser claves también esos votos en Diputados para el regreso de la cuarta categoría. 

Impotente, el kirchnerismo dueló antes de tiempo. Llegó a la sesión sin haber podido conseguir el senador, uno solo, que le faltó para bloquear el tratamiento. Debería haber sido Martín Lousteau. La abstención sólo podían buscarla en los votos negativos. Hubo contactos, de Máximo Kirchner y de Eduardo Wado de Pedro, pero no alcanzaron para convencer al porteño.

Testigos de esa madrugada se mostraban sorprendidos de ver a gran parte de los 33 senadores de Unión de por la Patria en los sillones del Salón Rosado del Senado, resignados y sin margen de maniobra. “Jugaron a que la ley no saliera en general y después abandonaron la pelea en particular”, contaron desde otros bloques.   

Es verdad que no tenían nada para ofrecer, a juzgar por cómo se movió el Gobierno para conseguir adhesiones. Será tema de la Justicia. “Ni circulaban”, contó un dirigente para graficar la escasa rosca. Al menos, se juramentaron fidelidad en la votación general, sin fisuras. Es el único logro en el magro resultado que puede exhibir el peronismo. 

Con este nuevo mapa, el Gobierno no necesita a los peronistas más cercanos a Cristina. Está claro que con los aliados que construyó en el largo debate de la ley Bases le alcanza. También sabe que no los puede soltar. Es muy finito. Los gobernadores tienen un as en la manga: la media sanción a la recomposición de las jubilaciones. Suficiente amenaza con la garantía de los dos tercios en el Senado que evitaría el veto presidencial.  

Se confirmó es quién compró el predio de La Rural en Funes, que estaba en manos del grupo asegurador San Cristóbal. Se trata de Gabriel Guglielmino, dueño de la desarrolladora Qala (junto con Norberto Carlini) y de Prendo, dedicada a préstamos prendarios para vehículos. También es el CEO del Banco del Sol (y accionista del banco digital junto con el grupo Sancor Seguros).

Guglielmino, quien compró el terreno junto con una participación de Miguel Maestu (ex dueño de Metalsur), apuntará a desarrollar allí con Qala un emprendimiento inmobiliario que está en la etapa de definiciones.