Se trata de una política que lleva adelante la ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, contemplada en el marco de la nueva Ley de Ejemplaridad.
En una iniciativa pionera, la provincia de San Luis, liderada por Claudio Poggi, comenzará a realizar narcotests anuales y aleatorios a los empleados de los tres poderes del Estado, incluyendo al propio gobernador. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por Nancy Sosa, ministra de Seguridad, quien destacó que el objetivo principal es "dar el ejemplo" y fortalecer la lucha contra el narcotráfico desde el ámbito estatal.
El procedimiento consistirá en una prueba de orina asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada empleado público. Será obligatorio y buscará detectar sustancias ilegales, aplicándose de manera aleatoria y con carácter anual. Según la ministra Sosa, el proceso será "rápido y sencillo" y tiene como meta "garantizar la transparencia de la gestión y cortar cualquier vínculo delictivo relacionado con el consumo".
Consecuencias y asistencia
En caso de detectar sustancias ilegales, se implementarán medidas que van desde licencias especiales y asistencia hasta la suspensión temporal o el cese en el cargo, dependiendo de la gravedad del caso y conforme a la Constitución provincial.
El gobernador Poggi ya se sometió a una prueba piloto en la Universidad Nacional de San Luis, bajo la supervisión de autoridades académicas y funcionarios provinciales. "Es una señal clara de nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad", afirmó el mandatario. Los resultados estarán disponibles en los próximos días.
Antecedentes y proyección
Esta medida tiene como antecedente reciente la implementación de narcotests en Córdoba, donde el gobernador Martín Llaryora fue uno de los primeros en someterse al examen, en el marco de una ley que busca reforzar la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico.
Con esta acción, San Luis se posiciona a la vanguardia en la implementación de controles destinados a fortalecer la ética pública y combatir de raíz los problemas asociados al narcotráfico en los entornos estatales.
