El bloque de Unión por la Patria juega fuerte en el Congreso y lanzó dos acciones que complican al Gobierno tras el escándalo del caso de Edgardo Kueider: pidieron investigar la Ley Bases en Diputados y exigieron a Victoria Villarruel a que convoque a una sesión para tratar su remoción.

La detención del senador entrerriano en Paraguay generó planteamiento en el congreso nacional y golpeó de lleno a la “oposición dialoguista” que estaba más concentrada en el Presupuesto 2025.

Desde el bloque Provincias Unidas, una de las últimas bancadas creadas entre peronistas no kirchneristas para mostrar diálogo con el gobierno nacimiento, el senador nacional por Entre Ríos, informó que “tomó la decisión de pedir licencia a su cargo” en función de los hechos y con el objetivo de que “no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”. 

En este contexto, el que movió rápido las fichas fue el bloque Unión por la Patria que con la firma de sus máximas autoridades José Mayans y Juliana Di Tullio, pide la expulsión de Kueider por “inhabilidad moral”, algo que establece el artículo 66 de la Constitución y que requiere dos tercios de los votos en el recinto.

El bloque de UxP le pidió a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, que convoque a una sesión especial el 12 de diciembre para tratar la remoción de Kueider. "Su permanencia en el Senado resulta incompatible con los estándares de ética que exige la República”, dijeron.

A esto se suma que el bloque de diputados del mismo partido, a través del legislador Santiago Cafiero, impulsó la creación de una Comisión Investigadora para esclarecer si la Ley Bases fue aprobada de manera irregular. La comisión se llamaría “Comisión Investigadora sobre Coimas, Cohechos, Sobornos y Pagos Irregulares”.

El proyecto propone que la Comisión sea integrada por nueve (9) miembros, electos y electas a propuesta de los respectivos bloques legislativos, de conformidad con el principio de proporcionalidad y asegurando la representación de las minorías. Entre las atribuciones, propone la creación de informes, citación de funcionarios públicos y recibir pericias o denuncias, entre otros puntos.

El oficialismo sostiene que "sin dudas, el proceso de tratamiento y aprobación de la ley en cuestión, tanto en enero como febrero, y luego en abril, lográndose allí la media sanción y su paso a la Cámara Alta, dejan un importante manto de sospecha sobre diversas instancias, eventuales implicancias y posibles irregularidades de forma -con las responsabilidades consecuentes- que sólo pueden enmarcarse en los vicios de una actividad que se realiza de espaldas al pueblo y soslayando el principio democrático de la transparencia".

“Este hecho no viene más que a sumar cuestionamientos a los ya existentes respecto del trámite que precedió a esta ley particularmente en el ámbito del Senado de la Nación, vinculados a los recursos espurios a los que el Poder Ejecutivo habría echado mano para alcanzar las mayorías necesarias”, agregan en los fundamentos del proyecto.

“Lo que debe atender el Congreso en esta instancia no es solamente su obligación de velar por el mantenimiento de las condiciones éticas y morales de sus miembros, sino que debe perseguir y erradicar cualquier mecanismo -y cualquier manto de sospecha sobre su existencia- que pudiera comprometer la legitimidad de su actuación, generando interferencias por intereses personales y viciando voluntades y conductas, especialmente cuando a través de sus normas se afectan extensamente los derechos y la vida de la comunidad nacional, como es el caso”, agregan.

En cuanto a la causa judicial, el juez Humberto Otazú dispuso prisión domiciliaria del senador nacional Kueider y de su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa. Ambos cumplirán la medida en un departamento en Asunción, bajo una fianza de 150 mil dólares para cada uno.

Por lo pronto, tanto el legislador como Iara Magdalena Guinsel Costa fueron imputados por los funcionarios judiciales paraguayos "por la supuesta comisión de hecho punible de tentativa de contrabando” y quedaron detenidos, mientras los fiscales Édgar Benítez y Gabriel Segoviala profundizan la investigación.

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