Actualmente se desempeña como presidente de Casino Victoria S.A., ubicado en Entre Ríos, Argentina.

Dos cajas millonarias son anheladas por la campaña políticas de los candidatos, una  la hidrovía y la otra es el juego de azar. Más allá de los discursos contra la ludopatía.

Daniel Mautone, conocido en el sector de los juegos de azar en Argentina, es una figura en la industria del entretenimiento y el juego.

Actualmente, Mautone se desempeña como presidente de Casino Victoria S.A., ubicado en Entre Ríos, Argentina.

Su carrera en el juego comenzó con la apertura de diversos bingos y se extendió a una variedad de emprendimientos, incluyendo el Casino Victoria, Casino Maipú de Mendoza, y varios bingos en distintas localidades argentinas.

El "éxito empresarial" de Mautone no se limita solo a los juegos de azar. Ha ampliado sus intereses y participaciones a otros sectores, teniendo más empresas que dedos en la mano.

Sin embargo, la figura de Mautone no está exenta de controversias. Recientemente, su nombre ha estado vinculado a investigaciones legales. Las oficinas del Casino Victoria fueron objeto de un allanamiento por parte de la Gendarmería, en el marco de una investigación más amplia relacionada con el juego y posibles conexiones ilícitas .

Además, en las provincias donde Mautone opera casas de juego, ha obtenido un promedio del 40% de las recaudaciones, destinando la mayoría a obras y servicios públicos.

Sin embargo, en Entre Ríos, y específicamente en el Casino Victoria, su participación en las recaudaciones alcanza un sorprendente 70%, dejando un menor porcentaje para contribuciones públicas .

Daniel Mautone es una figura compleja y multifacética en el mundo del entretenimiento y los juegos de azar en Argentina. Su influencia se extiende más allá de la industria del juego, abarcando varios negocios y proyectos.

La Justicia federal detectó que Daniel Mautone, un poderoso empresario del juego y dueño del Casino de Victoria, fue el que pagó algunos de los viajes, relámpago Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, hoy en uso de licencia, y ex jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Según consignó La Nación, fuentes judiciales confirmaron que Mautone también financió un programa de televisión de Cirio, por entonces esposa del ex funcionario.

Próximo a cumplir 64 años, Mautone se define a sí mismo como un empresario, un aventurero y un precursor que trabajó como jardinero, heladero ambulante y vendedor puerta a puerta de papel higiénico, entre otros oficios, y terminó abriendo bingos, tres de ellos en sociedad con Daniel Angelici, y casinos en la Argentina y el exterior, además de hoteles.

Vinculado a los dueños de Codere y de Boldt, como Antonio Tabanelli, a los Blaquier, a Mautone y Angelici, Insaurralde invitó a todos ellos a su fiesta de casamiento con Cirio, al igual que a Jorge Pereyra y a Federico de Achával. Algunos de ellos también aportaron millones a sus campañas, como también ayudaron a Daniel Scioli, de la mano de Luis Peluso en su intentona presidencial.

Algunos de esos vinculos son mencionados en Santa Fé en apoyos a candidatos a gobernador, más allá de campañas contra la ludopatía. Sus casinos son priveligiados al no ser nombrados por parte de la ala política.

La diputada provincial Lionella Cattalini presentó ante la Justicia Federal de Rosario una denuncia contra el juez Marcelo Bailaque, y solicitó que se investiguen presuntos hechos ilícitos en los que estarían involucrados el magistrado del fuero federal, el sindicado narcotraficante Esteban Alvarado y el contador Gabriel Mizzau. La legisladora socialista pidió que se analice la participación del juez en una "presunta red criminal y de corrupción" vinculada con Alvarado y Mizzau, quien, además de manejar los balances de las empresas de Alvarado, ocupaba el cargo de "contador personal" de Bailaque, según indicó. “La Justicia es esencial para investigar y sancionar adecuadamente. Si no funciona con eficacia, el crimen organizado avanzará mucho más rápido que el Estado, creando un aparato cada vez más grande que multiplica el delito en Santa Fe y en todo el país”, dijo.

La presentación de Cattalini es una denuncia formal en la que solicita una "exhaustiva investigación sobre posibles delitos". Previo a ello, la diputada solicitó al Consejo de la Magistratura que informe sobre el estado de la denuncia realizada en el año 2022 por el Ministerio Público de la Acusación contra el magistrado por "obstaculizar" la investigación contra Alvarado desde el año 2013. 

Al respecto expresó que "en abril de este año, el Consejo de la Magistratura dio lugar a dicha denuncia, abriendo un sumario contra el juez federal". En este sentido, Cattalini subrayó la necesidad de "identificar a los responsables que han permitido la impunidad en estos casos". Sobre esa cuestión, sumó que en los últimos días "salió a la luz que Bailaque contrató como abogado a un profesional de Santa Cruz que es padre del secretario de la acusadora (la legisladora Roxana) Reyes, que por ende tuvo que excusarse". Y se refirió a esa situación como "una clara maniobra dilatoria de Bailaque para demorar el procedimiento". 

Para Cattalini, “en Rosario, la justicia federal llegó siempre tarde. Hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato. Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia”, dijo. 

En cuanto a su presentación, la diputada provincial sostuvo que "los hechos por los cuales se lo acusa en el Consejo de la Magistratura, pueden configurar delitos", porque "tiene una responsabilidad como juez". Y sumó que "no solo dilató la investigación contra Alvarado --antes de que éste fuera condenado en 2022 por la Justicia Provincial--, sino que además compartió el contador (según se conoció en junio pasado). Contador que le firmaba los balances de las empresas truchas a Alvarado"; y era también "contador y amigo de Bailaque". Por lo que considera que "hay una incompatibilidad manifiesta".

Además, mencionó la "contratación sin concurso" de Sebastián Mizzau, hijo de Gabriel Mizzau, en el juzgado federal dirigido por Bailaque. Según la información con la que cuenta, Mizzau hijo ingresó en 2017 al Juzgado Federal "sin el debido proceso de concurso y fue ascendido el mes pasado al Tribunal Federal Oral 3 de Rosario". 

La diputada expresó su preocupación: “Es un escándalo que un juez de la Nación comparta contador con el principal narco de la provincia de Santa Fe y que además, contrate al hijo de dicho contador para que trabaje en su juzgado. Bailaque manejó todas las causas contra Alvarado (en el Federal). Necesitamos esclarecer quiénes están protegiendo a este juez que se ha caracterizado por no investigar, llegar tarde y obstaculizar los procesos judiciales”.

Además, en un comunicado sostuvo que en el contexto de la investigación, se dictó recientemente una orden de allanamiento sobre las oficinas de Gabriel Mizzau. Sin embargo, los domicilios declarados ante la AFIP "no coincidían" con los que en realidad utilizaba. “Que un contador no declare el domicilio real de su estudio es una falta grave. Y por supuesto que la primera hipótesis es que Bailaque le avisó a Mizzau que iban a allanarlo”, expresó Cattalini. 

Finalmente, Cattalini se refirió a la situación de la justicia federal: “A nivel nacional corremos riesgo de que Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia, un juez acusado de corrupción, y que garantice impunidad para otros jueces corruptos. Por ejemplo, la de Marcelo Bailaque, cuyo sumario fue abierto por el Consejo de la Magistratura dos años más tarde de que los fiscales presentaran la denuncia”, dijo.

Foto de R12